¿Conoces la directiva Whistleblowing?

La Directiva Whistleblowing, también llamada Whistleblower o ley de protección de denunciantes, se ha publicado recientemente a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Qué es la Directiva Whistleblower

La norma, publicada el 21 de febrero de 2023, tiene la finalidad de proteger a las personas que detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves, en un contexto profesional o laboral, y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

La normativa recoge la existencia de dos tipos de denunciante, el formal y el anónimo. En ambos casos, las personas serán susceptibles de la debida protección en caso de ataques contra su integridad física, propiedad o la de terceros.

La Directiva regula los requisitos mínimos que deben cumplir los cauces de transmisión de información a través de los cuales un trabajador puede informar de la existencia de una infracción dentro del contexto laboral. Más concretamente, la normativa obliga a entidades privadas y públicas a contar con canales internos de información para que se puedan conocer las prácticas irregulares, corregirlas y reparar los daños generados con la mayor celeridad posible.

Además de estos canales internos, la Directiva exige la disposición de canales externos de información, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de comunicación con una autoridad pública especializada que les pueda generar más confianza a la hora de disipar su temor ante posibles represalias en su entorno.

En cualquier caso, las denuncias deben ser fidedignas y comprobables. En ningún caso pueden ser malintencionadas, abusivas o realizadas con información de acceso público.

La Directiva recoge, por tanto, dos objetivos claros que ha trasladado a la Ley:

1. Proteger a los informantes
2. Establecer las normas mínimas de los canales de información.

Empresas obligadas

Según el art. 10 de la Ley, estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información:

• Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más empleados.

• Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia del número de trabajadores con que cuenten.

• Los partidos políticos , los sindicatos , las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos u otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Plazos para el establecimiento

La disposición transitoria segunda de la Ley establece el plazo máximo para el establecimiento de sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes:

Las Administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas a contar con un sistema interno de información deberán implantarlo en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

La Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir, el próximo 13 de marzo

Por otro lado, como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos, así como de los municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo previsto se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.

Costes de las multas por incumplimiento de la Directiva Whistleblower

Se considerarán sanciones muy graves , cuando exista intención de impedir, dificultar, evitar y/o disuadir el seguimiento de la denuncia así como en aquellos caso en que no se cumpla el derecho de confidencialidad del denunciante. Se considerará también sanción muy grave, cualquier acto represivo contra el denunciante. En estos casos, la sanción puede alcanzar los 50.000 euros.

Por otro lado, no disponer de un canal de denuncias interno ajustado a la ley, no asegurar las garantías de confidencialidad, no tener una persona o departamento pertinente o no chequear los procedimientos internos, se considerarán sanciones graves pudiendo alcanzar una multa de hasta 25.000 euros.

¿A quién protege la normativa?

La Ley de Protección del Denunciante protege a:

• empleados/as públicos o trabajadores por cuenta ajena
• autónomos/as
• accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración
• dirección y supervisión de una empresa, incluidos miembros no ejecutivos
• cualquier persona que trabaje bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores

De esta manera, se considera válido de aplicación cualquier caso de denuncia de infracción laboral ya sea:

• dentro de una relación laboral ya finalizada
• dentro de una relación laboral que aún no haya empezado y que hayan presenciado infracciones en el proceso de selección o negociación
• personas con categoría de voluntarios/as, becarios/as, trabajadores/as en formación
• representantes legales de personas trabajadores en función de asesoramiento y apoyo
• personas físicas que asistan al informante en el proceso de denuncia
• personas físicas como familiares o compañeros/as de oficio, que puedan sufrir represalias por las acciones del informante
• personas físicas que tengan capacidad de influencia en la persona jurídica participada

¿Qué debemos tener en cuenta dentro de la organización para implementar el canal de denuncias?

La comunicación con los empleados, un aspecto fundamental.

Es fundamental que todo el equipo humano que integra la organización conozca la existencia de esta normativa y que la empresa se acoge a la misma. Es importante trasladarles cuáles son las implicaciones, las consecuencias y la importancia de su utilización para mejorar el clima laboral y, por tanto, su día a día.

Establece un canal único y normas claras

Sólo debe existir una única vía de comunicación para denuncias. Esto permitirá a la organización centralizar la información, al mismo tiempo, que será más sencillo comprender el funcionamiento de este. Un portal del empleado propio podría ser un canal de denuncias.

Además, es fundamental que todos los miembros de la organización conozcan cuáles son los ámbitos de aplicación, es decir, qué se puede denunciar y qué no.

Aplica sanciones

Para conseguir el objetivo que establece esta ley, es importante que se sancionen aquellos comportamientos que no resulten apropiados dentro de la organización.